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COLOMBIA
Alvaro Uribe: "Los periodistas
tienen la culpa"
Por: Yvke / elespectador.com
24/08/08
La crisis institucional derivada de la confrontación
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ya tocó
también a los medios de comunicación.
La solicitud del presidente Álvaro Uribe para
que se investigue al director de Noticias Uno, Daniel
Coronell, porque supuestamente ocultó una entrevista
con la ex congresista Yidis Medina, constituye apenas
el más reciente episodio, pero no ha sido el
único. La polarización política
y judicial también está involucrando a
los periodistas.
Los ejemplos abundan. Por estos días, el columnista
de opinión del periódico El Espectador,
Alfredo Molano, afronta un proceso penal por los presuntos
delitos de injuria y calumnia, por un escrito en el
que fustigó las cuestionables prácticas
políticas de los que denominó “notables”
de Cartagena y Valledupar. Varios integrantes de la
familia Araújo, del Cesar, se sintieron aludidos
y decidieron comparecer ante la justicia. Sin opción
de conciliación, la pelea entre Molano y los
Araújo se libra en los estrados de la Fiscalía
General de la Nación.
A este caso se suma la citación de varios periodistas
en calidad de testigos, hecha por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación
de la Cámara, para corroborar señalamientos
o hechos judiciales. Por ejemplo, los periodistas Rodrigo
Silva de Caracol Radio y Édgar Velosa del Canal
Caracol, tuvieron que comparecer ante los estrados judiciales
por el escándalo de la yidispolítica,
de la misma manera como tuvo que acudir Sandra Pureza
Gómez, también del Canal Caracol.
De igual modo, el periodista William Acero, corresponsal
del periódico El Mundo de Medellín, fue
también llamado a declarar en los casos de la
parapolítica y la yidispolítica. La periodista
Marcela Ulloa tuvo que hacerlo en la Comisión
de Acusación, para aclarar, en calidad de testigo,
lo que le consta de una confrontación entre los
magistrados de la Corte Constitucional Jaime Araújo
Rentería y Manuel José Cepeda. En estos,
como en anteriores casos, los comunicadores resaltaron
su condición de periodistas antes que de testigos.
Pero el asunto tiene otros frentes. En la llamada farcpolítica,
dos de los sindicados son reconocidos periodistas: William
Parra, corresponsal de Telesur y Carlos Lozano, director
del semanario Voz. Ambos están citados en indagatoria
por supuestas relaciones con el abatido jefe guerrillero
de las Farc Raúl Reyes. En el primer caso, Parra
sostiene que todas sus gestiones han sido periodísticas,
y en lo que corresponde a Lozano, también argumenta
que sus relaciones con las Farc han sido como periodista
y como mediador de paz.
Aún así, en la actual crisis en la que,
por una u otra razón, los señalamientos
empiezan a hacerse contra los periodistas, hasta la
Corte Suprema de Justicia ha puesto en tela de juicio
a los que en sendos comunicados calificó como
generadores de opinión. Es más, en su
carta de respuesta al Gobierno y la Corte Penal Internacional,
al responder por las investigaciones a congresistas
en la llamada parapolítica, no faltó el
directazo a los comunicadores, a quienes califica de
estar haciendo “señalamientos injustos”.
En dicha carta, la Corte Suprema de Justicia sostiene
que ha adelantado la investigación contra los
congresistas, “aun a riesgo de la integridad personal
de los magistrados, no obstante las críticas
infundadas y señalamientos injustos que sistemáticamente
servidores públicos, periodistas y particulares
interesados, formulan con el propósito de torpedear
las investigaciones”. En otras palabras, otro
lapo para los periodistas, esta vez no del Poder Ejecutivo
sino del Poder Judicial.
A la controversia, ya en tono editorial, se sumó
ayer el periódico norteamericano The New York
Times, que al tiempo que resaltó los importantes
progresos que ha tenido el gobierno Uribe en materia
de seguridad, precisó que también ha demostrado
“poco respeto por las instituciones de la democracia
colombiana”. Además, aseguró que
está tratando de promover una reforma para impedir
que la Corte Suprema investigue a miembros del Congreso,
cuando una quinta parte de sus partidos aliados está
siendo investigada.
En síntesis, en un entorno constitucional en
el que está protegida la libertad de expresión,
se ordena que la actividad periodística goce
de protección para garantizar su independencia
profesional, y se admite que el secreto profesional
es inviolable, por cuenta de las peleas en el interior
del Estado, el periodismo está cayendo en la
misma polarización. Si se denuncian irregularidades
de funcionarios del Gobierno, el periodismo le hace
el juego al terrorismo. Si se reclama debido proceso,
se ataca a la Corte.
Más allá de los dilemas éticos
sobre el ejercicio de la profesión y la necesaria
distinción entre la libertad de opinión
y la necesidad del rigor en el terreno informativo,
desde los dos frentes de la polarización institucional,
vuelve a cobrar fuerza la manida tesis de quienes creen
que los periodistas siempre tienen la culpa. Por ahora,
en la Presidencia y en la Corte Suprema, a falta de
argumentos para demostrar sus posiciones, se volverá
común que se diga que los periodistas informan
para favorecer a una de las partes.Noticia leida aproximadamente
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