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EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES
Uribe declaró ante comisión
legislativa que lo investiga por ''yidispolítica''
TeleSUR _ 22/08/08
- La Comisión deberá
ahora oír otros testimonios, incluyendo ministros,
antes de decidir si pasa o no el caso al plenario de
la Cámara de Representantes para eventualmente
someter al mandatario a un juicio político.
- La mayoría de los miembros de la Comisión
de Acusaciones pertenece a partidos aliados al Gobierno,
tanto como en la Cámara de Representantes, de
164 legisladores.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, compareció
este jueves ante la Comisión de Acusaciones de
la Cámara de Representantes que lo investiga
por el caso de los sobornos ofrecidos a ex congresistas
para aprobar la reforma constitucional que permitió
su reelección en el 2006, conocido como "yidispolítica".
Uribe llegó temprano acompañado de su
abogado Jaime Lombana y no formuló declaraciones
a la prensa ni a la entrada ni a la salida del edificio
administrativo del Congreso, en el centro de Bogotá.
Tras la audiencia, realizada a puerta cerrada, el representante
Edgar Ulises Torres, miembro de la Comisión,
dijo a los reporteros que, al inicio del testimonio,
el presidente pidió que esa instancia legislativa
oyera las versiones de varios de sus ministros.
Además, solicitó que averiguara el papel
cumplido por el periodista Daniel Coronell, director
de Noticias Uno, un noticiero que en abril pasado divulgó
una entrevista con la ex congresista Yidis Medina, quien
entonces mencionó el caso de las ofertas de favores.
La Comisión deberá ahora oír otros
testimonios, incluyendo ministros, antes de decidir
si pasa o no el caso al plenario de la Cámara
de Representantes para eventualmente someter al mandatario
a un juicio político.
Desde su creación, en 1886, la Comisión
de Acusación legislativa nunca ha formulado cargos
contra ningún funcionario, de acuerdo con el
organismo no gubernamental Colectivo de Abogados.
En caso de aceptar el caso del mandatario colombiano,
entonces la Comisión debe votar y aprobar por
mayoría de sus 19 miembros pasar el caso a la
Cámara de Representantes para el enjuiciamiento
político.
La mayoría de los miembros de la Comisión
de Acusaciones pertenece a partidos aliados al Gobierno,
tanto como en la Cámara de Representantes, de
164 legisladores.
"Difícil que se
haga justicia"
Analistas dicen que son remotas las posibilidades de
que prospere la investigación debido a la ineficiencia
histórica de la Comisión, en la que cursan
más de 170 demandas contra el gobernante.
Luis Carlos Avellaneda, senador demandante, en entrevista
exclusiva a TeleSUR aseguró que la comisión
de acusaciones, que es la encargada constitucionalmente
de investigar al Presidente de la República,
es un órgano de naturaleza política, por
lo que le parece muy difícil que vaya a emitir
un fallo imparcial.
"Yo no creo que vaya a emitir un juicio de naturaleza
política, sino un fallo político'', dijo.
Para el legislador, es preciso acudir a instancias internacionales
para garantizar que se haga justicia.
"No espero que se haga justicia por parte de este
organismo, sino que haya impunidad, por lo cual acudiría
ante organismos internacionales para que cese la impunidad
y se pueda castigar al señor Presidente de la
República por el delito de cohecho", aseveró.
Antecedentes
La investigación en contra del mandatario fue
abierta en mayo pasado a pedido de congresistas opositores,
del partido Polo Democrático Alternativo (PDA),
quienes consideran que el mandatario incurrió
en el delito de cohecho, ofrecer o recibir prebendas
como funcionario público a cambio de algo.
La acusación se relaciona con las revelaciones
hechas por la ex congresista Yidis Medina en torno a
cómo se votó en 2004 el proyecto de reforma
constitucional que permitió la reelección.
Medina, del Partido Conservador y ex integrante de la
Cámara de Representantes por el departamento
de Santander, fue acusada de recibir prebendas del Gobierno
a cambio de dar su voto favorable a última hora
para que se aprobara la mencionada reforma constitucional.
Esta modificación de la Carta Magna facilitó
en 2006 la reelección de Uribe para un segundo
mandato de cuatro años.
Tras admitir los hechos, la ex congresista fue detenida
el pasado 27 de abril y condenada en junio a 47 meses
de prisión, aunque después se le otorgó
el arresto domiciliario por su confesión y colaboración.
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