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DECLARACION PDA
El
Polo exige que se publiquen registros jurídicos
y libros contables de firmas intermediarias de DMG
www.polodemocratico.net 20/11/08
El Polo Democrático Alternativo rechaza Declaratoria
de Emergencia Social. Comunicado.
El señor David Murcia representante legal de
DMG, y su asesor jurídico Abelardo De la Espriella,
han declarado ante los medios de comunicación
que a DMG pertenecen miembros de la clase política,
del ejército y hasta del propio gobierno,por
lo tanto, el PDA exige que se publiquen los registros
jurídicos y los libros contables de estas intermediarias.
El control financiero de éstas, oficializado
por el gobierno mediante el mecanismo del estado de
excepción, no puede servir de pretexto para esconder
una información a la que tenemos derecho todos
los colombianos.
- El partido propone una Reforma Democrática
al sistema financiero que recupere el crédito
como servicio público esencial para todos los
ciudadanos, que facilite la inversión productiva
y garantice los derechos colectivos de la población.
Texto de la Declaración:
Ante la insólita situación que viven miles
de colombianos por las llamadas pirámides financieras,
el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO manifiesta un total
rechazo a la Declaratoria de Emergencia Social que,
con el pretexto de intervenirlas, decretó hace
pocos días el gobierno nacional. Esta declaratoria
que de manera arbitraria ha llegado incluso a modificar
el Código Penal, esconde los siguientes hechos:
— Que desde hace varios años las llamadas
pirámides venían captando públicamente
el ahorro de los colombianos de manera masiva en diversas
regiones y ciudades del país. Hoy, dos millones
de colombianos que invirtieron aproximadamente $2 billones
de pesos, se encuentran ante la inminente pérdida
de sus patrimonios con las graves consecuencias sociales
que ese hecho acarrea.
— Que el gobierno
nacional y las autoridades responsables de vigilar estos
intermediarios financieros y comerciales no sólo
permitieron que funcionaran, sino, que además,
las promovieron. Efectivamente, en el artículo
83 del proyecto de reforma financiera que actualmente
cursa en el Congreso de la República, proyecto
presentado por el ministro de Hacienda, se propone la
legalización de la venta de tarjetas prepago,
que son precisamente el distintivo comercial de DMG.
Igualmente, reconocidos voceros políticos del
uribismo han utilizado los servicios de esa misma intermediaria.
La empresa de transportes TRANSVAL que cedió
de manera gratuita el transporte hasta las instalaciones
de la Registraduría, de los formularios con las
firmas a favor del referendum reeleccionista de Uribe,
iniciativa de reforma constitucional coordinada por
Luis Guillermo Giraldo, incluye como uno de sus socios
fundadores a PROVITEC, sociedad, que a su vez es socio
de DMG, según lo denunció el representante
a la Cámara y miembro de la bancada del Polo
Democrático Alternativo, Germán Navas
Talero.
— Que es de público conocimiento
que funcionarios del Estado utilizaron, igualmente,
los servicios de estas intermediarias. Ello ha quedado
en evidencia con las declaraciones de congresistas,
que como en el caso del representante a la Cámara
por Nariño Javier Alvarez reconoció que
su familia había invertido $50 millones en DRTE,
añadiendo en sus declaraciones que él
estaba convencido de que “la casi totalidad de
los parlamentarios” habían realizado inversiones
similares. Igualmente ha quedado en evidencia con las
declaraciones del Fiscal General, en las que reconoció
que muchos de los fiscales regionales en Nariño
se habían declarado impedidos para investigarlas,
por cuanto muchos de sus familiares accedían
a esos servicios. La evidencia recae también
sobre la policía, institución que se vio
obligada a destituir a algunos de sus miembros por apropiarse
de dineros de DRTE, momentos después del allanamiento
de sus oficinas en Pasto. La justificación de
los policías destituidos fue la de que estaban
intentando salvar los ahorros de sus compañeros
de trabajo.
- El señor David Murcia representante legal de
DMG, y su asesor jurídico Abelardo De la Espriella,
han declarado ante los medios de comunicación
que a DMG pertenecen miembros de la clase política,
del ejército y hasta del propio gobierno,por
lo tanto, el PDA exige que se publiquen los registros
jurídicos y los libros contables de estas intermediarias.
El control financiero de éstas, oficializado
por el gobierno mediante el mecanismo del estado de
excepción, no puede servir de pretexto para esconder
una información a la que tenemos derecho todos
los colombianos.
El Estado de Excepción no va a solucionar el
enorme conflicto social que se ha creado por una grave
omisión presidencial. La fórmula presentada
por el ministro de Hacienda, supuestamente para restituirlos,
lejos de resolver el problema, lo agrava. Por el contrario,
lo que estamos presenciando es un rechazo popular que
se expresa cada día que pasa con más fuerza.
A las movilizaciones de protesta en las ciudades capitales
se añade la convocatoria ciudadana a un paro
cívico en el Putumayo, que podría generalizarse
a otros departamentos del sur-occidente. El PDA llama
a una solución concertada de este conflicto social
y a que se reconozca la interlocución de los
representantes de la comunidad para que los ahorradores,
particularmente los más pobres, no queden en
la ruina. La utilización de métodos autoritarios
y una eventual militarización de esta protesta,
solamente llevaría a aumentar el listado de víctimas
que ha dejado la larga guerra que vive el país
desde hace varia décadas.
La solución no está en la apelación
a las medidas de fuerza. Lo que expresa la afiliación
masiva de usuarios del crédito a las llamadas
pirámides es la ausencia de opciones en el sistema
bancario formal. La banca en Colombia cuenta con una
de las tasas de interés y de intermediación
del crédito más altas del mundo. No existe
crédito de fomento, el cual posibilita un endeudamiento
por debajo de la tasa de interés del mercado
para conseguir vivienda, educación y salud, necesidades
básicas que afectan la calidad de vida de la
población y deben ser resueltas en un Estado
social de Derecho. De hecho, la responsabilidad de que
muchas familias hayan perdido sus viviendas por incapacidad
de pago obedece al esquema de financiamiento usurero
de los bancos. Adicionalmente, cobran cuota de manejo
por cualquier forma de depósito y cargas adicionales
por servicios complementarios al mismo, como es el caso
de cajeros automáticos, llamadas telefónicas
para pagos de servicios públicos, chequeras,
talonarios de cuentas de ahorro, etc. Como si fuera
poco, el usuario debe pagar el impuesto del 4 por mil
en la mayoría de las transacciones, impuesto
que fue creado para salvar la quiebra del sistema financiero
durante el gobierno de Andrés Pastrana y convertido
luego en impuesto permanente. Todo ello sumado explica
las grandes ganancias de los bancos. Al mes de Octubre
de 2008 éstas ascendieron a $9 billones de pesos.
Para el PDA la solución a esta crisis social
y económica debe ser la de realizar una Reforma
Democrática al sistema financiero que recupere
el crédito como servicio público esencial
para todos los ciudadanos, que facilite la inversión
productiva y garantice los derechos colectivos de la
población. El PDA declara ante la opinión
pública nacional que esta propuesta será
un objetivo prioritario a conseguir en el actual período
y convoca a todas las organizaciones sociales y políticas,
que compartan este propósito a conformar una
gran frente amplio y unitario, para lograrlo.
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